La administración Local queda a la espera de que la Sala Plena de la Corte Constitucional, resuelva la solicitud de nulidad que propuso el Distrito en contra del contrato de modernización de la gestión tributaria que tiene con R&T, quitándole las facultades tributarias y fiscalizadoras otorgadas desde el 2003 para que cobrara los impuestos del predial y los de industria y comercio.

 

Según la empresa Recaudos y Tributos el caso ya había sido fallado a su favor por jueces de altas cortes y por la Contraloría distrital.

 

Vuelve y juega, la Alcaldía de Santa Marta hace otro intento por recuperar el recaudo de los impuestos locales, demandando nuevamente el contrato que adquirió la Ciudad con la empresa R&T S.A, la cual tiene a su cargo esa función desde el año 2003.

 

Ahora, la acción judicial fue instaurada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, insistiendo en la nulidad absoluta y definitiva del contrato existente con dicha empresa, y basándose en que dicha potestad le pertenece a la Administración tal como lo dicta la Ley 1386 de 2010, en su artículo 1, inciso 2, donde se ordena revisar la legalidad de los contratos que tienen por objeto delegar el recaudo tributario.

 

Según el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, el argumento de la demanda está basado en que el contrato es contrario al ordenamiento jurídico. Esto viene siendo expresado por el mandatario Local desde su primer año de gobierno, cuando inició el proceso de terminación del contrato.

 

El punto que más critica la administración Caicedo, es que desde hace once años R&T viene gestionando los impuestos que pagan los residentes en Santa Marta, percibiendo recursos económicos importantes que deben ser destinados para otros fines.

 

MILLONARIAS GANANCIAS

 

Carlos Caicedo manifiesta que los recursos recaudados por R&T son de aproximadamente 60 mil millones de pesos desde su entrada en operaciones. De ese recaudo, la empresa recaudadora es dueña del 7% de los recaudos vigentes y del 13% de los recaudos que están en mora.“Con el valor de lo recaudado se podría invertir en la recuperación y modernización de colegios públicos, a su vez, se tendría la posibilidad de invertir en aspectos urbanos”, recalcó Caicedo Omar.

 

Según un informe de la Alcaldía Distrital, desde que se inició el contrato, en enero de 2003, hasta el mes de diciembre de 2013, la empresa Recaudos y Tributos S.A, recibió la suma de $55.896.493.503, y en caso tal de mantenerse la ejecución del contrato en los diez años que le restaría para culminarlo, el mismo contratista podría recibir una suma adicional aproximada de $121 mil millones, esto sin incluir el aumento del recaudo y demás actualizaciones propias de los reajustes tributarios anuales.

 

SE INVERTIRÍA MÁS EN LO SOCIAL

 

Por otro lado, la administración Caicedo reitera que al recuperar la gestión de los tributos, como consecuencia de la demanda presentada ante el Tribunal, podrá invertir esos dineros, que hoy van a parar a manos de particulares.

 

El Mandatario afirmó que la única vía para ponerle fin a este contrato, era la judicial. “Esperamos que ahora sea la justicia la que indique si el Distrito es el que tiene que recaudar sus recursos” dijo Carlos Caicedo.

 

Estos recursos se podrían invertir, según Carlos Caicedo Omar, en el mejoramiento de la infraestructura física de hospitales, centros de salud; programas de alimentación para los niños de la ciudad; la construcción de obras de urbanismo, así como invertir en escuelas y colegios para la recuperación y modernización de instituciones públicas.

 

La Alcaldía atiende las consideraciones que la Corte Constitucional sentó en la Sentencia T-1082 de 2012, con ponencia del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, en la que se indicó, que “cualquier ilegalidad del contrato de gestión tributaria celebrado con la empresa R&T, debía plantearse ante los jueces de la República y no por parte de la Alcaldía Distrital en sede administrativa”.

 

De igual manera, el Distrito de Santa Marta solicitó además, ante el Tribunal Administrativo, la suspensión provisional de la ejecución de este contrato, asegurando que el acto administrativo de adjudicación en la cláusula séptima, vicia totalmente el contrato por violación de las normas imperativas y de orden público, toda vez que genera un manejo irregular de los recursos tributarios de esta entidad territorial.

 

“Esperamos y confiamos ahora, en que sea la justicia la que decida quién debe adelantar el recaudo de los tributos”, sostuvo Carlos Caicedo.

 

“Hemos cumplido a cabalidad con el contrato”: gerente de R&T Jacobo Noguera, gerente de la empresa Recaudos y Tributos S.A, al conocer que la Alcaldía de nuevo acudió a los tribunales para finiquitar con el contrato, manifestó que espera estudiar con el equipo jurídico de la empresa los argumentos en los que se sustenta la reciente demanda.

 

“Ha insistido en demandar una presunta ilegalidad del proceso de adjudicación y una presunta delegación de funciones. Es importante que la ciudadanía conozca que estos hechos han sido fallados favorablemente por jueces de altas cortes y por la Contraloría Distrital”, señaló el alto ejecutivo de R&T.

 

Agregó que la empresa contratista tuvo que interponer tutela en el 2012, luego de que el Alcalde iniciara un proceso administrativo que, para la entidad, estaba fuera del debido proceso y que fue fallado a su favor, aclarándosele a la administración, que no se podía terminar el contrato unilateralmente, que no tenía la competencia y que la única forma era demandar judicialmente, como ocurre en este momento.

 

“No sólo hemos cumplido a cabalidad con el contrato, sino que hemos reportado beneficios para la ciudad, se le olvida al Alcalde que durante la gestión de recaudos y tributos, el Distrito ha percibido más de 500 mil millones de pesos. Cuando R&T arrancó con el proceso en el año 2003 los recaudos del año inmediatamente anterior eran de $16 millones, y en el año 2013 cerraron en $95 mil millones”, sostuvo Jacobo Noguera.

 

El gerente de R&T, insistió que su empresa no está asumiendo funciones públicas. “No entiendo cuando el alcalde dice que quiere recuperar la soberanía fiscal, si la soberanía la tiene en los recaudos tributarios que ingresan por la red bancaria del Distrito”.

 

“Nosotros no recibimos dineros de los contribuyentes, a nosotros nos paga el Distrito una vez haya verificado que hemos cumplido con nuestras obligaciones contractuales”, explicó Noguera.

 

El gerente de la empresa, que opera también en los departamentos de Atlántico y La Guajira, fue más allá al manifestar que “¿olvida el Alcalde el ascenso vertiginoso que tuvo el Distrito en el ranking fiscal?, pasando del 863 en el 2007 a ocupar el puesto 19 a nivel nacional, el primer puesto departamental y el segundo a nivel de capitales de la Costa Atlántica”.

 

“Olvida el Alcalde que fue gracias a los recaudos que ha obtenido por el tema de impuestos que se le posibilitó pagar la deuda de Ley 550”, siguió exponiendo el representante de R&T.

 

Manifestó que estos escenarios son buenos para que la ciudad conozca cual es la realidad del contrato, “estamos prestos a defendernos ante la justicia y ya ha habido fallos favorables a la compañía”, reiteró.

 

En referencia a si han llegado a acuerdos en reuniones en el despacho, el gerente de R&T dijo que se han reunido unas dos veces. “El Alcalde ha manifestado que quiere sentarse a revisar el contrato y que tiene intenciones de que disminuyamos las tarifas, pero como éstas ya están, y fueron revisadas por jueces de la República que determinaron que eran razonables, yo no puedo negociar sobre algo que ya está claro para la justicia”, explicó Jacobo Noguera.

 

Por último, explicó que el Alcalde debió arrancar por presentar la demanda para que un juez decidiera si eran razones para acabar el contrato. “El Alcalde expone en su rueda de prensa razones que ya han sido resueltas por los jueces de la República, esperamos que nuevamente sean favorables para la compañía”, puntualizó.

 

MOTIVOS DE LA DEMANDA

 

Entre las motivaciones que tuvo en cuenta la alcaldía para realizar la respectiva demanda están:

 

La desviación de poder.

Violación al principio de la premiación de la contratación estatal.

Violación a los artículos 110 y siguientes de la ley 489 del 98.

Objeto contractual que viola normas de orden público, en razón de la delegación de función administrativa en particulares, que están expresamente prohibidas. Pignoraciones ilegales en rentas a favor del contratista.

 

RECLAMACIÓN VIENE DESDE EL 2012

 

Como se conoce desde comienzos del periodo del actual mandatario Caicedo Omar, varios han sido los intentos por los cuales la Alcaldía intenta reasumir el control del recaudo de los impuestos en la ciudad. Ya en el mes de abril del 2012 la administración Local, mediante acto administrativo, daba por terminado el contrato y se inició un litigio entre R&T y la Alcaldía, que llegó hasta la misma Corte Constitucional, y cuando la empresa de recaudo instauró tutela, se ordenó que no podía hacerse la terminación unilateral de un contrato. En su momento se recomendó a la alcaldía que si observaba alguna irregularidad tenía que presentar la demanda de nulidad ante el contencioso administrativo.

 

Según expertos en el tema consultados por OPINIÓN CARIBE, a raíz del fallo de la Corte, la Alcaldía está haciendo lo que ellos consideran desde el punto de vista jurídico, es decir, una nueva demanda que pretende lo mismo que la anterior, dirigida al Tribunal Contencioso Administrativo para que defina la nulidad o no del contrato. Si el Tribunal declara la nulidad pues el contrato se anula y entraría a hacerse una revisión del proceso.

 

DATO CLAVE

 

R&T en Colombia

 

La empresa Recaudos & Tributos S.A, atiende a una población de más de tres millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en servicios que incluye entre otros: gestión de cobro, suspensión y/o corte y reinstalación del servicio, lectura de medidores e inspección de facturación e interventoría de contratos.

 

Posición de la Contraloría

 

El Contralor distrital Horacio Escobar, manifestó estar impedido de pronunciarse oficialmente o de hablar de alguna acción frente al tema de R&T, porque existe en este momento un control excepcional por parte de la Contraloría General de la República que le impide intervenir en el proceso.

 

LA CIFRA

 

121 mil millones de pesos sería lo que obtendría como ganancia R&T en el recaudo de impuestos en Santa Marta durante los próximos 10 años.