Pese a las denuncias realizadas desde hace un mes por OPINIÓN CARIBE sobre las evidentes violaciones cometidas por la construcción de la clínica Fisa ubicada en la carrera 19 con calle 11C, los funcionarios del orden distrital aún no han ejercido la autoridad respectiva para corregir la obra, la cual, a las claras, viola las normas de construcción, y mientras tanto, continúa erigiéndose sin control alguno.

 

En su edición número 52, OPINIÓN CARIBE denunció las violaciones de normatividad en las que incurría la edificación de la clínica Fisa de propiedad de la organización de la salud el Amparo S.A.S, con sede en el municipio de Fundación. Anomalías que fueron ratificadas por la Secretaría de Planeación mediante oficio fechado el pasado 26 de marzo, donde manifiesta que la construcción se lleva a cabo sin la respectiva licencia, y que además se ha construido sobre un antejardín.

 

Frente al hecho, la Curaduría urbana número 1, que tramita la licencia, asegura que no se expidió la misma debido a que los solicitantes carecían de algunos requerimientos, y a que era necesaria la corrección de los planos porque algunas de sus columnas estaban por fuera de la línea de construcción.

 

OPINIÓN CARIBE intentó obtener declaraciones del curador Carlos Alberto Manjarrés, quien recibió la solicitud de licencia de construcción. El funcionario quien pasa por un mal momento de salud no ejerce su cargo, y en su oficina manifiestan que no hay quien pueda dar declaraciones oficiales frente al caso.

 

De acuerdo al Ingeniero Luis Contreras, entrevistado por este medio, se debe aplicar la Ley del 810 del Régimen Sancionatorio cuando un hecho es tan estrictamente notorio. Esta ley dice que en las actuaciones urbanísticas que carecen de licencia de construcción, el Alcalde o su delegado de oficio dispondrán la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas.

 

Agrega el ingeniero Contreras que de acuerdo al código nacional de Policía, la Secretaría de Planeación cuando realizó la visita de inspección ocular, ha debido ordenar un sellamiento simultáneo de la obra y notificar a quien estuviera en el momento respondiendo por dicha construcción.

 

AÚN NO APARECE LA AUTORIDADA

 

pesar de que Liane Saumeth, secretaria de Planeación, manifestó que estudiaría el caso y realizaría la reglamentaria notificación a la Secretaría de Gobierno, para que se diera la imposición de sanciones, que podrían ir desde la suspensión de la obra hasta incluso, su demolición, y se mostró consciente de que de otorgarse la licencia era más complicado hacer acciones, han pasado cerca de 30 días y aún las medidas preventivas de suspensión de obra no se han dado, y las actividades en la construcción de la clínica continúan.

 

Intentamos dialogar con la Secretaria de Planeación frente al tema pero nunca respondió las llamadas y atendió las citas programadas. Respecto al mismo tema el secretario de Gobierno, Rafael Martínez, aseguró que él aún no ha sido notificado del caso.

 

Al respecto de la demora en el accionar de las secretarías, un ex funcionario de Planeación distrital, aseguró que se trata de falta de efectividad de los organismos, y que esos procesos sancionatorios se demoran y sólo se hacen efectivos si los afectados radican quejas, querellas, mociones y solicitudes, y se llenan de papeles hasta que la Secretaría de Planeación solicite la paralización preventiva de la obra a la Secretaría de Gobierno, para que esta luego la haga efectiva.

 

También manifestó esta persona, quien quiso estar en el anonimato, que el proceso se podría demorar porque en las secretarías no se le da prioridad a las nuevas radicaciones sino a las que vienen de antes, y porque así se manejan en las secretarías las situaciones en las cuales no se quieren involucrar.

 

POSICIÓN DEL IGAC

 

Frente al tema del crecimiento urbano, Juan Antonio Nieto, director nacional de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, manifestó que el país se está quedando sin suelo para construir y está creciendo hacia arriba o redensificándose, y que dicho crecimiento no es malo siempre y cuando sea planificado, por lo cual los alcaldes deben dedicarse más a la planificación y a la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, ya que asegura el funcionario estos no se confeccionan como deben ser sino que a veces se realizan a conveniencia de algunos sectores.

 

INVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

 

Teniendo en cuenta que el artículo cinco del Decreto 1504 de 1998 que reglamenta el manejo del espacio público, contemplan los antejardines de propiedad privada como elemento constitutivo artificial y parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, cabe mencionar que Ley 810 de 2010 en su artículo 107 habla de la restitución de elementos del espacio público dejando de manifiesto que “los elementos constitutivos del espacio público que fuesen destruidos o alterados, deberán restituirse en un término en dos meses contados a partir de la providencia que impongan la sanción. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas por cada mes de retardado, en las cuantías señaladas en el numeral 2 del artículo 104 de la presente ley y la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994”.

 

LAS ACTUACIONES

 

La Ley 400 de 1997 en el artículo número 52 explica que las alcaldías, las secretarías o departamentos administrativos correspondientes, podrán ordenar la demolición de las construcciones que se adelanten sin cumplimiento de las prescripciones, normas y disposiciones que esta ley y sus reglamentos establecen, sin perjuicio de las demás sanciones que prevean las disposiciones legales o reglamentarias.

 

LOS PROPIETARIOS

 

La Organización de la salud El Amparo S.A.S. con Nit 900341194-8 cuyas instalaciones se encuentra en Fundación, tiene como objeto social la prestación de servicios médicos generales Y especializados de una clínica. En su certificado de Cámara de Comercio renovado por última vez en el 2010, se encuentra registrado como gerente la señora Ingrit Teresa Mercado Gutiérrez y como suplente es el señor Jorge Isaac Parra Jiménez. Actualmente su representante legal es el abogado Luis Fernando Mendoza.