Si las instituciones públicas a nivel nacional tienen problemas, lo que está sucediendo en las regiones con sus oficinas locales es un verdadero desastre. Como siempre, cuando de corrupción se trata, la Región Caribe y en este caso Córdoba, encabezan la lista. Volvimos a la historia dolorosa de la descentralización: la captura de estas regionales por parte de esos políticos que definitivamente no tienen alma. El caso que hoy denuncian los medios debería prender todas las alarmas del gobierno central, ya que los locales parecen no reaccionar.

 

Como es posible que con cifras que demuestran que en este departamento la mortalidad infantil es muy alta, nadie se pregunte en Bogotá que pasa con los programas gubernamentales dirigidos a la alimentación de los niños! Un desayuno de media tasa de peto y unas galletas de soda es inadmisible cuando la dueña de esos contratos se enriqueció ante los ojos de todo el mundo. Nadie ni robando descaradamente pasa de la pobreza a vivir con los ricos de la capital del departamento, de un día para otro, luego donde ha estado la mínima sanción social? Para no preguntar por la justicia que claramente no existe.

 

Todo el día se quejan especialmente los departamentos de la Región Caribe del centralismo de Bogotá, y tienen razón. Pero cuando se deja en los municipios la libertad de contratar, dejan que la plata pase descaradamente a gente inescrupulosa, que le importa un bledo que los niños se mueran de desnutrición. La culpa es también de los organismos públicos nacionales que entregan sus regionales a cualquiera y no evalúan y no controlan cómo se ejecuta el gasto público. Estas son más pruebas de que estamos perdiendo las regiones ante un país que cree que Bogotá es el modelo.

 

Este tipo de delitos, deberían ya poner en la picota publica y obviamente en la cárcel a estos seres humanos sin barreras éticas que conservan un poder infinito para contratar porque seguramente financian a los políticos locales. Nada se saca con que los directivos nacionales salgan todos los días en la prensa anunciando maravillas para los sectores vulnerables, entre los cuales se destacan los niños, si en los departamentos y municipios no controlan a sus respectivas oficinas locales.

 

Llegó la hora de pensar seriamente en la eficiencia además de los entes de control. No se supone que son esos los que deben vigilar cómo se asignan los recursos públicos y cómo se comportan los funcionarios del Estado a todo nivel? Son monstruosamente grandes, llenos de gente, luego cómo pueden suceder casos como el denunciado en Córdoba, cuando año tras año, los mismos contratistas sin la menor avaluación continúan dueños de los recursos públicos?

 

Para empezar, las regionales del ICBF, por tratarse de los menores de edad, deben ser despolitizadas y en eso el país estaría dispuesto a apoyar a su directora nacional, Cristina Plazas. Esa tarea es casi imposible si no tiene el respaldo del Presidente de la República y de su gabinete. Saquen a los recomendados de los congresistas de esas nóminas. No es una tarea fácil porque se ha dejado que senadores y representantes sean los dueños de estas instituciones. Sin embargo, los hechos de corrupción han llegado a tal nivel, que decisiones de ésta naturaleza recibirían el apoyo de esos millones de colombianos que se sienten tan atacados por estos asaltos al erario público como por los actos de las guerrillas.

 

Empecemos por defender a nuestros niños y apoyemos al Gobierno en esa tarea. Si es que se decide a emprenderla. De no hacerlo, la muerte evitable de nuestra niñez será una más de las vergüenzas nacionales que se adicionan a las que ya tenemos.

 

21 al 28 de Julio de 2015