* La falta de sanciones ante determinados comportamientos ilegales, es causal de accidentes como el ocurrido en Fundación, en el que perdieron la vida más de treinta niños.

 

La tragedia ocurrida en Fundación, mantiene en la ‘picota’ pública a dos responsables. Fueron llamados a responder penal y económicamente ante la justicia,  Jaime Gutiérrez Ospino, conductor causante del accidente, quien puso en marcha una buseta obsoleta y condujo sin licencia ni Soat;  y Manuel Salvador Ibarra Plaza, líder espiritual que contrató el servicio.

 

Aunque los ojos de la ciudadanía y de las autoridades judiciales, se enfocan en culpar a dos personas naturales, el Gobierno Nacional, las entidades públicas,   los servidores del Estado, y la organización religiosa, también tienen responsabilidad en estos hechos.

 

En  el municipio de Fundación, es normal ver a los conductores de motocicletas sin casco, transportando niños menores o más de dos personas, así como también la circulación de vehículos en mal estado, conductores sin licencia, o sin documentos como la tecno-mecánica y sin Soat. La falta de sanciones ante determinados comportamientos ilegales, son causales de este  accidente, en el que perdieron la vida más de treinta niños. Sólo cuando hechos como este suceden, es que se pone en tela de juicio el actuar de una administración, que no previó, a través de su oficina de Tránsito Urbano, esta tragedia. 

 

Desde que sucedió el siniestro, las autoridades municipales y departamentales, han tratado de señalar a los padres de familia, como los primeros responsables del hecho, por delegar en otras personas el cuidado de sus hijos; y en segundo puesto de responsabilidad, al conductor del bus y al líder espiritual que contrató el servicio.

Sin embargo, cabe cuestionarse ¿cuál es la responsabilidad del Estado y de sus delegados en el departamento y el municipio?

 

Hasta la fecha, la administración de Fundación no ha cumplido a cabalidad con la  obligación que les asiste de ‘velar por la seguridad, protección y garantía de la población’ como lo indica la Constitución Colombiana, Ley 136 de 1994 en su artículo tercero. Sin embargo, como si se tratara de un juego de ‘ping-pong’, los funcionarios, entre ellos, se lazan la ‘bolita’ de la responsabilidad.

 

Lo que es cierto, es que el Estado está en la obligación de satisfacer las necesidades básicas, y entregarle herramientas a  una población, especialmente a la infantil, que no tiene un lugar donde recrearse, duerme sin comer, y además carece de la posibilidad de crecer al lado de sus padres, porque estos tienen que marcharse a trabajar fuera del municipio, debido  a la falta de oportunidades laborales en Fundación.    

 

ACCIONES TARDÍAS

 

Pareciera que la población y el mismo Estado, tuvieran la cultura de actuar luego de acontecida una tragedia. Lo demuestra lo sucedido en Fundación, porque sólo hasta ahora es que la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, bajo la dirección del Brigadier General Carlos Mena, instaló un punto móvil de control técnico mecánico especializado, para buses de transporte público y vehículos en general.

 

“Estamos realizando controles de tránsito en los municipios de la Costa, incluso donde no hay convenios con la Policía. En Fundación ese control lo regula un instituto descentralizado que está bajo la supervisión de la Alcaldía, la cual es autónoma de elegir si hace un convenio con el Tránsito de la Policía o contrata  independientemente a guardas”, aseguró el Brigadier General Mena.

 

Por su parte, la alcaldesa de Fundación, Luz Stela Durán, indicó que “en la zona urbana y rural del municipio, corresponde a la Alcaldía contratar los guardas para vigilar y mantener en orden las operaciones de tránsito”. Este servicio de Tránsito Urbano, se encuentra a cargo de cuatro personas: tres hombres y una mujer, muy poco personal, siendo Fundación el municipio más poblado del Magdalena, después de Santa Marta y Ciénaga.

 

Sin quitarles la autonomía a los organismos descentralizados, la Policía de Tránsito y Transporte, adelanta operativos en apoyo a estos organismos  de movilidad, bajo el parámetro de solicitud que realiza la Secretaría de Tránsito Departamental.

 

En Fundación no existe un convenio con la Policía de Tránsito para el control urbano. El General Mena, aseguró que “en el 77% de los municipios en Colombia, el control, de tránsito está a cargo de los alcaldes. La Ley 769 estipula que ‘la Policía Nacional podrá realizar los controles de movilidad a través de un convenio’,  y estos no se han realizado por muchas razones”.

 

Asimismo, el Director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, sostuvo que “los alcaldes no creen en la necesidad, ni la voluntad de que la Policía ejerza el control y por eso mantienen a los guardas. El tema del tránsito, lo tienen como una plataforma de favores burocráticos, por eso no hacen fuerza para que la Policía lo tenga a su cargo, y la otra razón son los costos, aunque esto no es una verdad porque el dinero no es una limitante para no suscribir el convenio”.

 

El Brigadier General Mena, dejó claro que “lo más importante es que las alcaldías tengan la voluntad para que la Policía pueda ejercer estos controles, porque si no, van  a continuar a cargo de unos guardas. Ojala no se presenten otras tragedias como la de Fundación”.

 

La falta de un convenio para regular la movilidad en Fundación, es primordial para evitar otras tragedias. Necesidad que ya había sido puesta en evidencia en el Concejo Municipal.  “El año pasado, fueron citadas las Secretarías de Salud y Educación para denunciar la forma irresponsable en que estaban siendo transportados los niños del barrio Santa Rosa”, indicó el concejal, Jariz Castillo, quien resaltó que “no se trata de hacer protagonismo, pero si se hubiesen acatado las recomendaciones sobre la condición del transporte en el que se estaba movilizando a los menores, esto se hubiese evitado”.

 

UN CONVENIO

 

Mientras el Director Nacional de Tránsito de la Policía, Brigadier General Carlos Mena, aseguró que la Administración de Fundación no ha suscrito el convenio de operación y movilidad del tránsito con la institución por varias razones, por su parte el secretario de Gobierno municipal, Juan Francisco Restrepo Barbosa, indicó que “tenemos pruebas de que desde el 2012, Fundación presentó el convenio y ellos no lo han aceptado”, dijo.  

En este sentido, el Secretario de Gobierno de Fundación agregó que “no es nuestra competencia seguir insistiendo en lograr el acuerdo, este documento lo hemos presentando por más de una ocasión a la Policía Nacional de Tránsito”.

 

Por otra parte, el concejal José Francisco Rada, subrayó que ‘faltan algunos trámites para lograr el convenio para que la Policía regule el tránsito en el municipio. Sé que este procedimiento está bastante adelantado”.  

 

Esta afirmación, la deja sin validez su colega Jariz Castillo, que asegura la no existencia de dicho trámite, “le pregunté al secretario de Tránsito Municipal, Jorge Domínguez, si existía dicho convenio y me dijo que no,  porque era muy costoso, y la comunidad es testigo que el tránsito municipal de Fundación solamente sirve para regular motocicletas”.

 

La falta de un control, se comprueba en el resultado del primer informe de los operativos adelantados por la Policía de Carretera, el cual mostró, que de los quince vehículos revisados, once habían sido inmovilizados.

 

Sin embargo el concejal Rada acepta que los cuatro guardas encargados del tránsito en Fundación no dan abasto. “Pienso que fue una fatalidad en la cual no hubo falta de regulación del tránsito, era un día domingo, estoy seguro que de haber sido un día laboral ese bus no habría transitado en las calles de Fundación”.

 

Parece ser que los concejales asisten a sesiones diferentes, pues uno dice conocer el convenio e incluso detallar de qué trata, mientras que el otro niega su existencia.

Mientras tanto, la comunidad sigue aferrada al anhelado convenio que tendría como finalidad el acceder a la asistencia de un sistema de tránsito más especializado, regulado por la Policía, que quizás evite que carros como el que originó el siniestro, circulen libremente en el municipio, sin contar con los requisitos previos para transitar, sobre todo si se trata del transporte de menores de edad.

 

LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

 

En la audiencia preliminar, el ente acusador les imputó a Jaime Gutiérrez Ospino y Manuel Ibarra,  los cargos de homicidio simple con dolo eventual, porque la acción fue cometida con intención. Los cargos se imputan por cada una de las víctimas. Ibarra, vive al mismo tiempo no sólo el drama de perder a su hija, sino que además  su esposa, se encuentra herida en un hospital de Santa Marta porque se quemó cuando intento salvar a la niña.

 

Por tratarse de niños, los procesados por la justicia no tendrán beneficios penales.  El informe oficial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, indica que ‘el automotor sólo contaba con el sistema de funcionamiento a gas, por lo tanto el conductor como el líder espiritual, al no conseguir que les vendieran este combustible por las condiciones precarias en que se encontraba la buseta, habrían decidido instalar un dispositivo artesanal irregular para el suministro de gasolina’.

 

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación, manifestó  que ‘este sistema consistía en colocar una manguera al carburador y suministrar la gasolina para hacer funcionar el vehículo, con este sistema lograron realizar tres viajes antes del siniestro’.  

Lo cual es ratificado por el Testigo Cristian López, quien manifestó haber observado como “un mototaxista acompañó  al conductor a las ocho de la mañana a comprar nueve mil pesos de gasolina en una pimpina”.

 

Así mismo, las declaraciones de los menores sobrevivientes, coinciden con el informe levantado por la Fiscalía, que indica que “el autobús se apagó en dos ocasiones por falta de gasolina y que al manipular el dispositivo instalado, se regó combustible alrededor de la tapa del motor, lo que ocasionó que se produjera una chispa en la zona de arranque, causando el inicio del incendio y posterior muerte de los niños”.

 

El 18 de mayo, ‘el autobús había realizado cuatro viajes por el municipio, que sumaban un total de 180 menores transportados. El conductor acostumbraba llevar en la cabina del automotor una 'pimpina' de gasolina de 5 galones, que funcionaba por gravedad, mediante la cual trataba de reactivar el funcionamiento del carburador del motor, mientras que los niños permanecían apiñados en el interior del automotor.

 

Las autoridades tienen claro que Jaime Gutiérrez Ospino, era un conductor empírico, que ni siquiera tenía licencia de conducción. En ocasiones trabajaba como mecánico y se rebuscaba unos pesos como mandadero. “Mi hermano llevaba tres años trabajando para el dueño de la buseta en oficios varios, como lavar y parquear vehículos. También vendía tintos en el municipio, apenas hace un año fue que le logramos sacar la cédula”, dice Segundo Gutiérrez Ospino.

 

También agrega Gutiérrez Ospino: “mi hermano lo único que se iba a ganar era miserables 20 mil pesos, porque ese señor me lo tenía era explotando. Él no es conductor por eso no tenía licencia, se dedicaba hacer mandados. Mi hermano se  amaño en esa casa porque el señor le daba un plato de comida y una dormida”.

 

El presunto dueño y administrador del bus que ocasionó la tragedia en Fundación,  Alfredo Esquea Chávez, culpó al líder religioso y al conductor de sacar sin permiso del parqueadero este autobús que no contaba con Soat ni revisión tecnomecánica. “Cometieron una imprudencia en sacarlo del sitio donde estaba parqueado sin la previa autorización mía, le había informado al conductor que no tenía los documentos en regla. Temo que me agredan por la irresponsabilidad de dos inexpertos”, dijo.

 

Por otra parte, el hermano de Jaime Gutiérrez Ospino, asegura que existe un contrato entre el líder espiritual y el dueño de la buseta. “No es posible que hayan sacado la buseta sin autorización, porque el dueño  mantenía bajo su custodia las llaves”.

El abogado de los dos hombres, aseguró que sus defendidos no tuvieron nunca la intención de causarles daño a los menores, y que sólo realizaban una actividad de evangelización donde también los alimentaban y educaban.

 

Las autoridades, avanzan en las investigaciones para vincular al proceso, a más personas que presuntamente incurrieron en las fallas que provocaron el accidente, donde han muerto más de treinta niños. La Fiscalía, seccional Magdalena, también dejó claro que se llamarán a declarar a la alcaldesa de Fundación, Luz Stella Durán, a la Dirección del Tránsito Municipal, al dueño o administrador del vehículo, y ampliarán la declaración del líder de la iglesia, Manuel Ibarra.

 

“Estamos recopilando evidencias probatorias, para que la Fiscalía tenga sustento para formar un criterio y proceder a vincular a más responsables”, enfatizó, Germán Ordoñez, director seccional de la Fiscalía en el Magdalena. Esta tragedia que enluta a un país, es el caso más doloroso registrado en la Región Caribe.

 

Por otro lado, los padres de familia de los niños fallecidos, se encuentran angustiados porque además de afrontar la pérdida de sus hijos, serán llamados por la Fiscalía.

 

“Tienen responsabilidad, pero no hay que condenarlos porque tienen suficiente sanción con la perdida de la vida misma de un hijo. El juez podría determinar la no necesidad de la pena”, explicó el abogado, Antonio Matera, quien indicó que si al evaluar los hechos, el resultado final genera una consecuencia terrible para quienes lo cometieron, no existe necesidad de la pena.

 

SOBRECUPO

 

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, reconoció, que “la tragedia de los niños en Fundación, en el Magdalena, ocurrió por una irresponsabilidad muy grande” y ha dicho que llegará  hasta las últimas consecuencias en las investigaciones”.

 

La Ministra de Transporte indicó que las primeras investigaciones apuntan que el autobús viajaba con sobrecupo. Según la ministra había 52 niños de edades entre dos y 12 años que acababan de abordar el vehículo para regresar a sus casas, después de un culto en una iglesia Pentecostal.

 

Además, el autobús  no estaba habilitado desde 2012 para prestar ningún tipo de servicio, y por lo tanto era un vehículo ilegal que no tenía el seguro obligatorio de transporte ni el Soat. "No sabemos cómo contratan un transporte para niños sin tener todos los papeles listos y sin saber quién está conduciendo el vehículo", criticó la ministra.

 

Fosyga deberá responder 

 

Al comprobar que el automotor del bus accidentado en Fundación no se encontraba amparado por los seguros que obliga la norma, el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, deberá responder por las víctimas  cubriendo  los gastos de traslado, atención integral en salud, así como los gastos funerarios y de indemnización de  los niños fallecidos. 

 

El desembolso de los recursos se realizará a través de la cuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito Ecat, para posteriormente ser cobrado  a los responsables que determine la Justicia. "Las reglas están definidas en los decretos 170, 171, 172 y 174 de 2001 para el transporte terrestre, donde se ordena la existencia de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, por un monto no inferior a los 60 salarios mínimos mensuales legales", explicó el director de la Cámara del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat de Fasecolda, Ricardo Gaviria Fajardo.

Ante la duda que genera el desembolso de los recursos por parte del Fosyga,  el presidente Ejecutivo de Fasecolda, Jorge Humberto Botero Angulo, asegura que no debe haber problema, y que en casos como este sí se obrará con eficiencia. A pesar de que la norma de transito indica que se deben mantener vigente el Soat y las pólizas de seguro para transportarse terrestremente, cerca de  30 mil vehículos de servicio público circulan por las vías del país, sin cumplir estar normas.

 

SEDES RELIGIOSAS ACTÚAN CON AUTONOMÍA

 

El accidente ocurrido en Fundación, fue un error humano para algunos y de irresponsabilidad para otros. Desde cualquier punto de vista pudo haberse evitado, si la contratación se hubiese hecho con mayor cuidado, si el personal encargado del transporte hubiese sido eficiente y capaz, y si el vehículo hubiese cumplido con lo reglamentado por Ley, para el transporte no sólo de niños sino de personas en general.

 

Con respecto al tema de si se hacían controles a la sede de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, Jaime Barranco, su representante a nivel nacional, indicó desconocer la forma de transportar a los niños, “tenemos un grupo de familias afectadas, estamos brindándole todo el apoyo que necesitan. Tenemos que esperar que los entes de investigación atribuyan de quién es la responsabilidad”.

 

LÍDERES RELIGIOSOS RECHAZADOS 

 

Los miembros de la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, sede Fundación, se sienten rechazados por la comunidad. “Los padres de los niños nos decían, no nos toquen, ustedes son diabólicos dónde está ese Dios del que tanto hablan, no los queremos  aquí. Los niños nos abrazan y nos dicen -seño cuando van a hacer la dominical-”, dijo Simona Cantillo. 

 

Asimismo agregó el líder religioso Alcides Segundo Manotas, “fuimos sorprendidos por una tragedia y ahora hemos sido amenazados por parte de las familias de los niños que fallecieron, nos ha tocado pedir auxilio a la Policía porque los pastores están asustados”.

En el templo de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia  fue alzada a nivel nacional la bandera de Colombia con la cinta morada en señal de duelo por los niños fallecidos de Altamira.

 

CATÓLICO Y CRISTIANO

 

Ante el accidente donde perdieron la vida los niños inocentes del municipio de Fundación, el mundo se ha preguntado por qué estos menores que salían de un encuentro con Dios, se encontraron con la muerte. Se preguntan cómo pudo suceder este hecho, y han puesto en duda la acción de Dios al permitir esta tragedia.

 

Con la impotencia de no haber podido evitar este suceso, los fundanenses buscan respuesta divina. Respuesta que para el padre de la Diócesis de Santa Marta Wilman Fernández,  no se debe buscar en Dios. “El ser humano, es un ser que Dios crea libre, de tal manera que las decisiones que el hombre toma, buenas o malas, quien las debe asumir, es el mismo hombre, y si esas decisiones, tienen consecuencias negativas, es el hombre quien las debe aceptar como error humano”.

 

También aseguró que el hecho que enlutó al departamento del Magdalena, no tiene más culpable que el mismo hombre, y que no está bien que la ciudadanía dude del poder divino de Dios. No se puede dejar a un lado la imprudencia de los padres al aceptar que niños de dos y cinco años estén llevando a cabo estas actividades sin su compañía.

Por otra parte, el pastor Andrés Arias, dijo que Dios no tiene culpa de lo sucedido. “No se puede decir que el hecho que hayan salido de una reunión cristiana tendría que evitar este flagelo, si el carro no contaba con las condiciones óptimas que se requiere para transitar, nadie tiene la potestad de evitarlo, ni el mismo Dios como Ser Supremo”.

 

Al igual que el padre Wilman, el pastor Andrés, aseguró que es una acción del hombre donde solo él debe cuestionarse “Dios no tiene absolutamente nada que ver en este tipo de hechos, porque él es bueno, es soberano y es el creador, la falla es realmente de las personas que violan la normativa que ampara la Ley”.

 

CIFRAS

 

*12,3 millones de pesos  para cada una de las víctimas  del accidente de Fundación.

 

*60 años de cárcel para los dos presuntos responsables del accidente.

 

*180 niños habían sido transportados en los cuatro viajes que había realizado el bus.

 

*3 millones de pesos por gastos funerarios para familiares de los niños fallecidos.

 

 

En  el municipio de Fundación, es normal ver a los conductores de motocicletas sin casco y transportando a más de dos personas incluyendo niños. También se observa la circulación de vehículos en mal estado, y a personas conduciendo sin licencia, sin tecno-mecánica y sin Soat.

 

El bus de placas UVS-556 estaba desvinculado del servicio público desde hace dos años y no tenía los papeles al día, entre ellos la revisión técnico mecánica que lo habilita como un automotor en condiciones idóneas para transitar. Tampoco se habrían cumplido otras disposiciones como mantener los vehículos en perfecto estado, el uso del cinturón de seguridad para todos los niños, y de estacionamientos en lugares permitidos para el ascenso y descenso de los menores.